camintradSE TRATA DE LA APLICACIÓN DE UNA FIGURA JURÍDICA QUE PERSIGUE CONSERVAR Y REHABILITAR SENDEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS RURALES.

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria se ha propuesto promover la puesta en marcha de los contratos territoriales, que permitirán a los agricultores recibir un módico ingreso económico a cambio de conservar los senderos y los espacios públicos del entorno de sus fincas. Si bien es una apuesta novedosa en Canarias, ésta se ha desarrollado con éxito en regiones de la Península. Así, en los denominados contratos territoriales, los propietarios de terrenos agrícolas reciben una cantidad económica “simbólica”, a cambio de mantener el paisaje, los senderos, la masa forestal y otros servicios públicos rurales que, sin su presencia y colaboración, se irían deteriorando y olvidado por el despoblamiento del campo.

Según el presidente de la Mancomunidad, Dámaso Arencibia, este proyecto puede suponer un impulso importante para el sector agrícola, tanto de autoconsumo como de pequeño comercio y de la actividad complementaria; de este modo el agricultor obtiene un ingreso fijo que puede destinar para pagar su seguro agrario y otras prestaciones, siempre que ayude en mantener el paisaje que tiene a su alrededor.

Además, el proyecto tiene gran interés para generar una nueva oferta turística, en visitantes que buscan un entorno rural y realizar senderismo. Esta experiencia innovadora se está llevando a cabo en regiones como Navarra, y se está comenzando a implantar en Andalucía, declaró Arencibia.

Estos Contratos Territoriales de Explotación (CTE) surgieron en Francia tras la reforma de la PAC de la Agenda 2000 y no dejan de estar marcados por la controversia. Así, desde Asaja califican su implantación de completo desastre, lo que les obligó a dejarlos aparcados.

Esta organización agraria ha sido la más crítica con esta figura afirmando que no tiene ningún sentido implementar en España este tipo de contrato que ya ha fracasado fuera, máxime cuando no aporta ningún valor añadido para el agricultor y ganadero.

En España este tipo de contratos se recogen por primera vez en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, si bien los circunscribe exclusivamente a medidas desarrolladas en esta Ley no agraria.

Sin embargo, desde Asaja critican que las organizaciones medioambientalistas (WWF, Greenpeace, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y otras), muy distantes de los intereses reales de los agricultores y ganaderos, pretenden que se utilice la figura de los Contratos Territoriales de Explotación para “reverdecer” la propia PAC en aspectos que van mucho más allá de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, y abogan porque el agricultor suscriba nuevos compromisos de carácter medioambiental, similares a los que defienden Gran Bretaña o Suecia en la reciente reforma de la PAC.

Los contratos territoriales en la actualidad están regulados por el Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre,como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural.