CONSIDERAN QUE LA ACTUAL SITUACIÓN COMPROMETE LA RENTABILIDAD Y EL FUTURO DE LAS EXPLOTACIONES DE TOMATE DE LAS ISLAS.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Canarias, va a iniciar una  campaña contra la aprobación del  acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, que actualmente se encuentra pendiente de la ratificación del Parlamento Europeo, y cuya votación final está prevista para finales de febrero.

Esta organización agraria anuncia que promoverá la presentación de mociones en los ayuntamientos y Cabildos, con objeto de recabar apoyos de sus Plenos y que insten al gobierno de Canarias, Ministerio y europarlamentarios para que rechacen de forma clara un acuerdo que perjudica seriamente los intereses de los productores del Archipiélago. La campaña se realiza en coordinación con la COAG de otras comunidades autónomas, en lo que se espera que contribuya al rechazo del acuerdo.

COAG recuerda que la  progresiva liberalización de las transacciones comerciales con el país alauí, sin que existan mecanismos de control efectivo de los volúmenes y precios de entrada, está provocando el derrumbe de los precios en origen, comprometiendo de forma clara la rentabilidad y el futuro de las explotaciones hortofrutícolas canarias (y en concreto de las explotaciones de tomates), un sector estratégico para el empleo y la creación de riqueza en las comarcas afectadas.

Es necesario condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria de las producciones de terceros países. Por otra parte, los Acuerdos  de Asociación carecen de cláusulas que permitan verificar el impacto de la apertura comercial para ambas partes, especialmente en lo referente a aspectos medioambientales, derechos laborales y desarrollo económico y social de la población local.

Además, COAG-Canarias considera muy importante que el Parlamento Europeo rechace la ratificación de un Acuerdo que ahonda en la peligrosa deriva hacia la liberalización que tan nefastas consecuencias tiene en el sector productor comunitario, y cuyas consecuencias para el agro canario son nefastas. Esta decisión supondría también un espaldarazo a la oposición a la propuesta de reforma de la PAC que actualmente  está encima de la mesa, y que precisamente profundiza en esa senda desreguladora, obviando los mecanismos de gestión y organización de unos mercados que se mueven por intereses especulativos y que no tienen en cuenta el carácter estratégico de la producción.