EL PARLAMENTO EUROPEO APROBÓ, CON HOLGADA MAYORÍA, EL ACUERDO AGRÍCOLA UE – MARRUECOS.

Pese a que los eurodiputados españoles de todos las tendencias políticas han votado en bloque en contra del acuerdo, el convenio ha conseguido la mayoría de los votos de la Eurocámara: 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones.

El acuerdo significa la liberalización de la mayor parte de la huerta marroquí y un aumento en las cuotas de entrada de productos especialmente sensibles para los agricultores españoles de Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias, como el tomate, el calabacín, el pepino, el ajo, la fresa y la clementina. Y Marruecos se compromete también a liberalizar el 45 % de las importaciones agrarias de la Unión Europea (UE) de inmediato, el 61 % en cinco años y el 70 %, en diez.

El acuerdo de asociación de la Unión Europea con Marruecos revela el conflicto de intereses económicos ante la progresiva liberalización comercial, con el tomate como principal damnificado.

La Comisión Europea cree que el tratado es “equilibrado” y reforzará las relaciones entre ambos, pero el sector hortofrutícola español lo rechaza como “la amenaza más grave desde la adhesión de España a la UE”.

España es el segundo exportador al país alauí tras Francia, y Marruecos el principal destino de nuestras exportaciones a África. Empresas españolas están presentes en Marruecos en sectores como el textil, la agricultura -frutas y verduras, legumbres, cereales, plásticos para invernaderos, maquinaria, herramientas, agroquímicos, semillas o plantas- o el pesquero, como las conservas.

España exportó a Marruecos por valor de 3.760 millones de enero a noviembre de 2011, según datos oficiales, mientras que importó por 2.798,80 millones, con un saldo positivo de casi un millón de euros. La UE exportó en 2010 a Marruecos por valor de 13.680 millones e importó por 7.700 millones, según la Oficina de
Estadísticas de la UE (Eurostat), mientras que las exportaciones de Marruecos a la UE llegaron a 7.364 millones, aunque sus compras fueron mayores, hasta 13.600 millones.

La Unión Europea compra a Marruecos productos manufacturados y ropa, productos agrícolas, pesqueros, lubricantes o mineros, mientras que le vende maquinaria y equipos de transporte, bienes manufacturados, químicos y productos agrícolas o pesqueros, entre otros.

Pero los agricultores españoles critican el “drama” que supondrá el nuevo acuerdo para un sector que suma el 63 % de la producción agraria (8.600 millones año) y el 60 % del empleo (450.000 activos).

Las reacciones.

El acuerdo creará “un nuevo marco de competencia totalmente desconocido” hasta ahora, ha asegurado el director general de Fepex, José María Pozancos.

Se ataca al “único” sector capaz de crear empleo, ha indicado desde Cooperativas Agro-alimentarias Cirilo Arnandis, y sería “la puntilla” para el campo, según el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos.

“Ni nos gusta, ni nos interesa” ha afirmado el presidente de Asaja, Pedro Barato, mientras que el secretario general de COAG, Miguel López, ha insistido en que Rabat vulnera los cupos de entrada.

El acuerdo beneficiará sobre todo a grandes firmas franco marroquíes -Azura y Soprofel- y otra de capital marroquí, Dominios Agrícolas, propiedad de la familia real alauí, que controlan el 90 % de la producción del país, según critican desde el campo español.

El eurodiputado José Bove -vicepresidente de la Comisión de Agricultura en la Eurocámara y ponente del informe sobre el acuerdo- suma al debate su afirmación de que el acuerdo no es sostenible -para exportar 250.000 toneladas de tomate alauí se necesitan 25 millones de metros cúbicos de agua-, y de que beneficia a grandes agronegocios.

El acuerdo “ha llevado a agentes financieros a anticiparse y posicionarse a las puertas de la Unión”, ha puntualizado Bové, quien asegura que un fondo de Abu Dhabi cuenta con autorización para cultivar 700.000 hectáreas cerca de Guelmin, al sur de Marruecos, con nuevas plantaciones de cítricos, olivos y hortícolas.

La inclusión del Sahara en el acuerdo también levanta ampollas. Para el delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, un dictamen de Naciones Unidas de 2002 “deja claro” que no pueden firmarse acuerdos que exploten recursos de un territorio no autónomo como el Sahara, más aún cuando -a su juicio- no beneficia a su población.

Pero, según Beyun, mil hectáreas de invernaderos de tomate y flores se han construido a las afueras de Dakhla (Sahara) impulsadas por la Casa Real alauí, que consumen “un bien escaso en el desierto” como el agua.

Y las políticas.

El PSOE ha acusado al partido popular europeo (PPE) de rechazar las compensaciones a los agricultores españoles que serán víctimas del cuerdo agrícola entre la UE y Marruecos.

La delegación socialista del Parlamento Europeo denuncia que el PPE “ha votado en contra de una enmienda socialista que pedía compensaciones económicas a los agricultores ante el impacto negativo que pudiera tener este acuerdo”.A ese texto, la eurodiputada valenciana Josefa Andrés había introducido una enmienda pidiendo compensaciones, enmienda que no ha conseguido el apoyo necesario del pleno.

Sin embargo, aunque el grueso del PPE ha votado a favor del acuerdo, el PP español ha votado en contra de forma distinta y en contra del acuerdo, tal y como han confirmado fuentes parlamentarias.

El sector indignado.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos,UPA, ha condenado rotundamente la decisión del Parlamento Europeo de aprobar un acuerdo de liberalización comercial entre la Unión Europea y Marruecos que es “absolutamente injusto” según la organización agraria.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha declarado que “España, y sus agricultores, volvemos a ser moneda de cambio en Europa. El Parlamento justifica la aprobación del acuerdo en temas que nada tienen que ver con la cadena agroalimentaria”.

El nuevo acuerdo liberaliza el comercio de todos los productos agroalimentarios, excepto de tomate, pepino, fresa, clementina, ajo, calabacín y azúcar, que ven incrementados sus cupos de forma notable. De este modo, en tomate se pasaría de las 233.000 toneladas anuales a las 285.000 toneladas en 2014, siendo el producto más afectado.

Una vez aprobado el acuerdo, desde UPA han exigido participar en los mecanismos de control de las importaciones, ya que a juicio de la organización el anterior acuerdo se incumplió de forma sistemática en cuanto a cupos y precios de entrada, y el nuevo acuerdo podría sufrir las mismas deficiencias. Exigimos que, al menos, el nuevo acuerdo sea un acuerdo “con garantías”.

La Federación Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, FEPEX, prevé que el acuerdo agrícola con Marruecos tendrá consecuencias “catastróficas” para el sector español, que se notarán ya en la próxima campaña.

El director de Fepex, José María Pozancos, ha criticado el “planteamiento egoísta” de la Eurocámara, al apoyar el convenio con la esperanza de colocar excedentes de otras producciones europeas, como cereales y leche, en el mercado marroquí, sin valorar los efectos para el empleo en las regiones hortofrutícolas.

Pozancos ha destacado que el acuerdo es para los productores españoles “como si a la Europa industrial le colocasen a China en la frontera”, recordando que Marruecos cuenta con una superficie de cultivo de un millón de hectáreas y unos costes laborales de 60 céntimos la hora.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, considera un duro mazazo para el campo español ya que hipoteca el futuro de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y amenaza 450.000 puestos de trabajo y más de 8.500 millones de euros en exportaciones al año.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como la UE abandona a su suerte a los productores de frutas y hortalizas españoles, facilitando la entrada sin control de productos marroquís cultivados con sueldos de miseria ( 5 euros/día frente a 50 € en España), con nulas garantías sociales para los trabajadores y con la utilización de fitosanitarios para el tratamiento de plagas prohibidos hace décadas en la UE por su agresividad”, ha afirmado Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG.

Por este motivo, COAG recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la ratificación del nuevo Acuerdo. El informe jurídico que están ultimando los Servicios Técnicos de esta organización recoge la vulneración de la normativa comunitaria e internacional en materia de derechos fundamentales de los consumidores y ciudadanos europeos.