Agroaldea
Estiba tomates
El organismo regulador reclama una evaluación pormenorizada de estas ayudas sin cuestionar su existencia, pero sí su cuantía.
Una vez más, desde la metrópoli, se vuelve a poner en cuestión el empleo y la cuantía de la compensación al transporte cuya finalidad es la de igualar a los productores canarios con los peninsulares.
Si bien en 2010, fue el propio Ministerio de Fomento el que acusó a los exportadores de tomate y pepino de Canarias de cometer fraude, hecho que negó el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero, en esta ocasión es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que solicita una evaluación de la cuantía de esta compensación.
Llama la atención que este organismo no se haya pronunciado sobre los reiterados incumplimientos del Estado que, en 2009 y 2011, mediante Decretos se comprometió subir esta compensación al 70%, muy lejos del 50% actual.
Por otro lado, tampoco se pronunció la CNMC cuando en 2011 esta compensación sufrió un recorte que la dejó en el 26%, y en los años sucesivos no pasó del 38%, con las consecuentes pérdidas de competitividad de los productores canarios.
Sin embargo, el informe de la CNMC considera “clave” que se valore el “efecto incentivador” de las subvenciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino Canarias y pide que se desarrolle una labor de evaluación.
Para mejorar la eficiencia y minimizar los eventuales perjuicios sobre la competencia, dado el carácter continuado y permanente de estas ayudas, la CNMC considera que debe evaluarse tanto el objetivo final de la medida y su adecuado diseño como el grado de éxito de las ayudas y los eventuales impactos no deseados.
Resulta cuando menos grotesco e inaudito que, ante una actuación arbitraria, abusiva e ilícita por cuanto ha vulnerado la Ley, la CNMC se despache con esta petición y no solicite una investigación que aclare qué y quienes son los responsables directos del daño irreparable que se ha infligido a los productores de Canarias.
Tampoco se pronuncia la CNMC sobre el atropello que supone al espíritu de esta compensación el establecimiento de los costes tipo realizados de forma opaca, por la empresa pública INECO que, amparándose en la Ley de Protección de Datos, niega mostrar los datos en que se basan para realizar el cálculo de estos costes.
Quizás aquí la CNMC debería solicitar, antes de evaluar la compensación, la obligatoriedad de cumplir la Ley de Transparencia a esta empresa pública ya que, en el caso de los exportadores de tomates, la estimación del coste tipo la realiza sobre transporte en seco, cuando esta mercancía viaja con sistema refrigerado desde que la náutica ofreció esta posibilidad de transporte.
No obstante, la Comisión considera “fundamental” la correcta estimación de los costes adicionales que realmente suponen el transporte con origen o destino en Canarias. Para ello, destaca que se han de elegir de forma adecuada las rúbricas del coste subvencionable, tomando como referencia los costes de una empresa eficientemente gestionada y, además, ajustar los costes tipo a la evolución del mercado.
“Se podrían utilizar procedimientos competitivos para la obtención del estudio de determinación de costes tipo, en lugar del recurso reiterado a una encomienda de gestión a un medio propio como la empresa pública INECO”, añade el informe.
La CNMC publica su informe sobre los Proyectos de Órdenes Ministeriales que determinan para el año 2015 los costes tipo subvencionables y hace recomendaciones desde el punto de vista de la promoción de la competencia y la regulación económica eficiente.
En su opinión, la existencia de “factores dignos de protección” no pueden ocultar “posibles mejoras” en lo relativo a la eficiencia de las ayudas, minimizando las eventuales distorsiones sobre la competencia.
La CNMC subraya que ha realizado recomendaciones en los últimos años que no han sido acogidas en su mayor parte por el Ministerio que propone la norma y que, por tanto, las vuelve a recordar.
La Comisión apunta que para atender al hecho insular se conceden ayudas al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en el archipiélago y que estas compensaciones constituyen ayudas de Estado, que han sido notificadas a la Comisión Europea y declaradas compatibles con el derecho comunitario.
Bienvenidas sean las auditorías y controles de los fondos público, pero que no siempre se realicen por la parte más estrecha, sobre todo cuando el proceder hasta la fecha ha conseguido acabar con cualquier competencia en el lado de Canarias.