jose_manuel_de_las_heras_foto_2Por José Manuel de las Heras.

Coordinador estatal de la Unión de Uniones.

Con el veto ruso a los productos agroalimentarios de la Unión Europea como fondo, De las Heras hace en este artículo un recorrido por el proceso de “liberalización de los mercados”, que en cualquier caso siguen estando controlados por los grandes intereses geopolíticos/económicos.

Cuando se constituyó lo que ahora conocemos como la Unión Europea, uno de sus fundamentales principios, era el de mantener un único mercado interno, junto con el de preferencia comunitaria. Se ejercía de hecho una preferencia por las producciones europeas frente a las de terceros países.

Para conseguir esos objetivos se ponían barreras arancelarias a los productos de fuera y en algunos casos se financiaban restituciones a la exportación de productos europeos cuando teníamos excedentes de los mismos y los precios estaban por encima de los del mercado mundial. Esta política, con sus ventajas e inconvenientes, ha venido siendo sustituida por una supuesta liberalización comercial mayor, al amparo y en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Con la caída del muro de Berlín se vinieron abajo las economías intervenidas del Este de Europa, posteriormente gracias al permiso de Estados Unidos, China (aún siendo comunista) se incorporó a la OMC y se abrió una nueva etapa en el mundo que ha dado lugar a un mayor volumen de comercio mundial entre la mayoría de los países.

Me superan ampliamente las circunstancias geopolíticas y la importancia de la independencia real de Ucrania en relación con Rusia. Puede que estén muy justificadas las medidas que Estados Unidos y la Unión Europea han tomado como represalia a la actitud rusa de anexionarse Crimea y no querer dejar “de la mano” al resto de Ucrania. No sé si es eso, o las consecuencias del derribo del avión MH17 de Malaysia Airlines que provocó un notable empeoramiento de las tensiones geopolíticas, ante la sospecha occidental de que este hecho pudiera haber ocurrido por dar Rusia soporte militar a los separatistas. Pero mi pregunta ante todo esto es ¿Y qué culpa tenemos los agricultores y ganaderos de la Unión Europea? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros las consecuencias de unos hechos que se escapan de nuestro alcance?

¿Cómo es posible que países que tienen firmados protocolos y compromisos de libre comercio en la OMC se los “salten a la torera” y no pase nada? ¿Por qué no han tomado medidas de inmediato ante la OMC por el desaguisado ruso que supone esta actitud de, “ahora cierro mis importaciones de esto y de aquello, porque me da la gana”?

La Unión Europea, que casi todo lo piensa tarde, anunció un escuálido fondo de 135 millones de euros para compensar a sus productores tras reconocer que el daño de la medida rusa sólo en el valor de los productos alimenticios que se dejaran de exportar es de más de 5.000 millones de euros de los cuales 330 serían de nuestro país ¿Cómo puede la UE tomar unas medidas tan insignificantes, ante la magnitud del daño causado a los productores europeos y empresas vinculadas?

[quote]Nuestras autoridades nacionales y europeas deben “ponerse las pilas” cuanto antes y eliminar las legañas vacacionales de agosto y las telarañas mentales que suelen tener algunos de los altos funcionarios de la UE.[/quote]

Ayer, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, compareció ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados para informar de la situación creada por el cierre del mercado ruso y tampoco convencieron sus explicaciones. Defendió su actuación y se escudó en unas medidas que, desde el principio hemos dicho, son insuficientes para solucionar el grave daño causado y ya veremos si la nueva propuesta de Reglamento de la Comisión Europea para continuar con el apoyo a determinadas frutas y hortalizas acaba siendo tan positiva como confía la ministra.

Mercados libres, pero menos

Puede que toda esta timidez europea tenga mucho que ver con la enorme dependencia de la energía Rusa y el conocimiento de Putin de la imposibilidad actual de que el centro y este de Europa se abastezcan de energía por otras vías distintas a las suministradas por su país, para calentar millones de casas en los crudos inviernos.

Tampoco es de recibo que Europa continúe desmantelando todas sus defensas arancelarias frente a terceros países, incluidas las frutas y hortalizas de América latina y norte de África, facilitando que estos productos accedan a nuestros mercados y que esos mismos países se hayan apresurado a ofrecerse a Rusia para abastecer su mercado de los productos que nos han vetado a nosotros y que con los que hemos venido abasteciendo a la Federación Rusa. Comportamiento que no parece muy leal en una relación comercial y política de amistad.

Tampoco puede ignorarse que la bajada y eliminación de aranceles a Ucrania más cercana ahora políticamente a la UE, ha supuesto de hecho una bajada de unos 30€ en la tonelada de los cereales, lo que si bien puede suponer un cierto respiro a determinados ganaderos, supone también una pérdida de rentabilidad para la mayoría de las explotaciones cerealistas europeas y por tanto también españolas. Este hecho no es baladí en provincias españolas cerealistas como Valladolid o Burgos, por poner un ejemplo.

Por tanto, nuestras autoridades nacionales y europeas deben “ponerse las pilas” cuanto antes y eliminar las legañas vacacionales de agosto y las telarañas mentales que suelen tener algunos de los altos funcionarios de la UE, para que nos aclaremos todos sobre cuál es nuestro marco de juego, si estamos ante mercados libres y con un acceso garantizado en función de calidad y precio, o por el contrario estamos ante unos mercado absolutamente intervenidos por decisiones políticas y sujetos a los caprichos de algunos gobernantes.

También se hace necesario recordar, que si como consecuencia del interés general de Europa, y de sus ciudadanos nuestros representantes políticos, toman decisiones que pueden tener consecuencias negativas para algunos de los sectores productivos, deberemos pagar los costes de esas decisiones entre todos los ciudadanos y no solo los agricultores y ganaderos.