UNA RECIENTE RESOLUCIÓN SIMILAR OBLIGABA A FEDEX A DEVOLVER DOCE MILLONES DE EUROS POR EL MISMO CONCEPTO.

La Asociación Provincial de Cosecheros Exportadores de Tomates (Aceto) de Tenerife tendrá que devolver a la Hacienda Pública cerca de ocho  millones de euros de los que seis se corresponden con la subvención al transporte marítimo y aéreo con destino u origen en las islas de tomates y pepinos correspondiente al año 2002 y abonada en 2003 y otros dos a intereses de demora.

 

La asociación se dirigió al Supremo para que de forma cautelar paralizara esta orden de pago hasta que se emitiera un fallo firme, lo que acaba de ser rechazado. Por ello, Aceto está obligado a desembolsar de forma inmediata ese dinero y solo en caso de que al final el Tribunal Supremo le dé la razón tendría derecho a que se le devolviera.

Para la asociación esta medida supone “el golpe de gracia” al sector y denuncia que durante todo el proceso sancionador han puesto en evidencia numerosas irregularidades. Entre ellas, por ejemplo, que no se ha tenido en cuenta que la carestía de este medio de transporte es mayor que el regular de contenedores ya que precisan de embarcaciones refrigeradas y hechas a medida.

Desde ACETO apuntan que el grueso de las operaciones se tienen que realizar en apenas seis meses y tan sólo pueden recurrir en un 5% a los servicios regulares dadas las especiales características de estos productos. Pero además resaltan que en el año 2002 movilizaron el doble de mercancía que en la actualidad con lo cual el desembolso tendrá aún consecuencias mucho más graves para los agricultores tinerfeños.

Por ello solicitaron primero al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y al Supremo después, que paralizara de forma cautelar este pago hasta que se emitiera una sentencia firme lo que ha sido rechazado en ambas instancias. El presidente de Aceto critica “el enorme desconocimiento” que ha demostrado la Delegación del Gobierno al obligarles a devolver este dinero con sus correspondientes intereses y señala que los responsables del Estado en Canarias nunca tuvieron interés en acceder a las facturas. “Aquí se ha dado por hecho que no se hizo el transporte a Rotterdam y al Reino Unido como venimos haciendo desde hace años y que se inflaron las facturas y punto”, indica.

Las consecuencias son aún más graves si se tiene en cuenta que muchos de los cosecheros que operaban en 2002 ya no lo hacen, con lo cual el resto de los miembros del colectivo tendrán que asumir estas deudas. El Supremo rechaza los argumentos de Aceto en el sentido de que se enfrentaba a dificultades para hacer frente a las deudas y se pone del lado de la Hacienda pública al resaltar los graves efectos que sobre la misma tendría la no restitución de las cantidades dado su elevado importe.

El fallo del Superior de Justicia, también según han avanzado las partes que representan a los afectados por este reintegro, será recurrido ante el Tribunal Supremo, un trámite que contará con el apoyo jurídico de la firma PricewaterhouseCoopers, entidad a la que las organizaciones provinciales han confiado la defensa jurídica de los intereses de los exportadores canarios.

Recordemos que hace apenas un mes, el TSJC confirmó una resolución administrativa idéntica de la Delegación del Gobierno que obligaba a la Federación Hortofrutícola de Las Palmas, FEDEX, a devolver casi 12 millones de euros por este mismo motivo. En aquel fallo se apuntaba que “las solicitudes de ayuda se refieren a unos gastos que no han sido efectivamente pagados y que incluyen conceptos no subvencionables”. El tribunal se basa en el informe elaborado por un técnico del Ministerio de Fomento para concluir que “el coste del transporte obtenido como subvención dista en mucho del coste real o de mercado del transporte subvencionable”.

Difícil encrucijada.

Uno de los escollos que más daño está produciendo al sector es el que ataca la línea de flotación de liquidez financiera. Los duros recortes en los Presupuestos del Estado que se aplican al menos desde 2012, han supuesto que la compensación al transporte de mercancías que se abona con cargo a los envíos de 2011 (con dinero de 2012) solo haya cubierto el 27% de los apartados subvencionables, lo que significa 38 puntos menos que el umbral máximo que fija el real decreto, el 65% para 2011 y el 70% en adelante.

A esto se añade otro “hachazo” al no disponer de dinero del Posei complementario. En las cuentas de 2012 y las de 2013 de Canarias y del Estado, no hay previsto fondo alguno para pagar las medidas del Posei ampliado, principal vía de recepción de apoyo público directo de los tomateros canarios.

La única noticia positiva es que los tomateros disponen de cuatro millones obtenidos del REA para abonos con cargo a 2012, pero se quedan sin el 2011 y sin gran parte del caudal de este año, por ahora.

Por si fuera poco, hay que añadir la competencia de Marruecos que con el nuevo pacto agrícola de la UE pone más fáciles las exportaciones alauitas y dificulta la venta de la fruta canaria.