Parte de estos fitosanitarios (PRODIMENOL-S, EQUIS y ACARELTE 55) están prohibidos para su venta, tenencia y uso.
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de San Mateo, en Gran Canaria, intervinieron en un almacén ubicado en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, 165 kilogramos de productos químicos fitosanitarios, denunciando al propietario de los mismos por diferentes infracciones a las disposiciones normativas vigentes en materia de sanidad.
Los agentes del SEPRONA inspeccionaron el local comercial en cuestión el pasado día 15, hallando en su interior las siguientes cantidades y tipos de productos fitosanitarios:
• Tres sacos de 5 kilogramos cada uno del fungicida BELPRON C-50, clasificado como nocivo.
• Seis garrafas de 5 litros cada una del fungicida RUMBLE 50-LA, clasificado como muy tóxico.
• Treinta y dos cajas de 1 kilogramo cada una del insecticida KILSEC, clasificado como tóxico.
• Dos cajas de 1 kilogramo cada una del fungicida TIRAM-80, clasificado como nocivo.
• Ocho garrafas de cinco litros cada una del acaricida fungicida SULFAPRON-L, clasificado como irritante.
• Un saco de 25 kilogramos del acaricida fungicida PRODIMENOL-S, clasificado como irritante. Este producto tiene cancelada su autorización desde el 06/10/2009.
• Un bote de 250 centímetros cúbicos del insecticida CIBELTE, clasificado como nocivo.
• Siete cajas de 20 del insecticida CIBELTE, clasificado como nocivo.
• Una caja de un kilogramo del insecticida EQUIS, clasificado como tóxico. Este producto tiene cancelada su autorización desde el 08/02/2007.
• Un bote de 1 litro del acaricida ACARELTE 55, clasificado como toxico. Este producto tiene cancelada su autorización desde el 08/09/2011.
• Un bote de 250 centímetros cúbicos del insecticida CLORIFOS 48 EC, clasificado como nocivo.
• Un bote de 250 centímetros cúbicos del acaricida insecticida BERMECTINE, clasificado como nocivo.
• Cuatrocientos veinte cajas de 40 gramos del insecticida KILSEC, clasificado como tóxico.
Denuncias e inmovilización
Además, los agentes comprobaron que el responsable de los compuestos fitosanitarios no se hallaba inscrito en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitarios (ROPO), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que, además, tampoco estaba habilitado para la manipulación de estos productos.
Consecuentemente el SEPRONA denunció a esta persona por una infracción a la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, en concordancia con el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos, lo que puede constituir una infracción grave con sanciones económicas desde 3.001 a 120.000 euros.
Paralelamente, también fue denunciado ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias, por una supuesta infracción Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en concordancia con ORDEN APA/1610/2003, de 17 de junio, por la que se regula la retirada de los productos fitosanitarios que contengan sustancias activas excluidas de la lista comunitaria.
Esta norma establece que los productos fitosanitarios que ya no estén autorizados, por haberse producido la retirada de sus autorizaciones, se deben entregar a un gestor autorizado para su destrucción. En este caso esta infracción, también grave, puede acarrear sanciones económicas desde 9.001 a 300.000 euros.