LOS EURODIPUTADOS EXIGIERON MÁS CONTROL A LAS IMPORTACIONES MARROQUÍES.

Los europarlamentarios que participaron en la sesión de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, para estudiar el Acuerdo Agrícola de la UE con Marruecos, amenazaron con abrir una grave crisis institucional, ya que los intervinientes criticaron el descontrol de Bruselas respecto a las condiciones de entrada de las importaciones hortofrutícolas del país magrebí.

Así, exigieron al Ejecutivo de Bruselas cambios suficientes en las reglas de juego, a fin de garantizar que se cumpla lo que se pacte y, lo que es más importante: “que no se perjudique a los agricultores europeos”. De no ser así, en junio votarán en contra de la ratificación de dicho acuerdo.

A todas luces, la crisis institucional ya parece abierta porque la Comisión Europea se apresuró a contestar a los europarlamentarios que no piensa promover cambios en el acuerdo y negó que se produzcan fraudes, como denuncian insistentemente los sectores hortofrutícolas españoles que se ven afectados y la propia Eurocámara.

Recientemente se supo que en el mes de enero, Marruecos volvió a rebasar con creces su cupo de exportación de tomates a la UE, incumpliendo además de forma reiterada los precios mínimos de venta que debe respetar.

En este sentido se expresaron los eurodiputados, que centraron sus demandas en la necesidad de elevar los precios de entrada para evitar situaciones de competencia desleal y no perjudicar a los productores europeos.

Al mismo tiempo insistieron en que se endurezcan las medidas de control fronterizo para evitar las continuas trampas, ya que la fijación de dichos precios se confía a la gestión de las comunicaciones de los importadores que, naturalmente, ponen en los impresos lo que les conviene sin suficiente fiscalización oficial.

El comisario eslovaco Maros Sefcovic dijo que la Comisión no tiene ninguna prueba de fraude sistemático en los precios y aranceles aplicados a productos marroquíes, aunque a continuación explicó que el control aduanero a tales efectos corresponde a las autoridades de cada país miembro.