ICCA_SLIDERAlfonso J. López Torres.

Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, ICCA.

Recientemente he tenido la fortuna de participar, invitado por el Foro “Canarias en Positivo”, en una nueva sesión del mismo que, bajo el título la Soberanía Alimentaria, reunió en La Laguna en torno a Dirk Godenau, profesor del Área de Economía Aplicada de la ULL, a un gran elenco de expertos en el tema.

El Tratado de la Unión, define en su Artículo 32 que el mercado común abarcará la agricultura y el comercio, y define los productos agrícolas como los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los productos de primera transformación directamente relacionados con aquellos.

A su vez, la Política Agrícola Común (PAC) consagra la soberanía alimentaria como el derecho que se otorga a los pueblos y a la UE para definir su política agrícola y alimentaria a partir de las necesidades de la población y su medio ambiente, y no a partir de las reglas del comercio internacional inscritas en la ideología del libre comercio.

La soberanía alimentaria establece para la agricultura la prioridad de producir para alimentar a la población, sitúa a las campesinas y los campesinos en un rol central en la alimentación de su propia gente, otorgándoles una legitimidad social hasta ahora no reconocida.

De este modo y manera, la soberanía alimentaria no solo implica un derecho, sino también un deber: el de no perjudicar a las economías agrícolas y alimentarias de otras regiones del mundo, prohibiendo el dumping o toda ayuda que permita exportar a un precio inferior al coste de producción. Además no solamente se ocupa de alimentar a la población actual, sino también a las generaciones futuras y por tanto se obliga a la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

Dicho esto, podemos decir que la PAC representa una pasarela entre, por un lado, un mundo cada vez más urbano y, por otro, una agricultura cada vez más estratégica.

En Canarias, la agricultura se encuentra en una encrucijada de tres retos fundamentales para la sociedad de nuestro Archipiélago. En primer lugar, el reto alimentario del que hemos hablado antes. Pero también, y en segundo lugar, el reto de los recursos naturales, que hay que utilizar con respeto y responsabilidad hacia las generaciones futuras. Por último, y en tercer lugar, el reto territorial y la exigencia de preservar la continuidad en nuestro territorio de un sector, la agricultura, esencial para la vitalidad de nuestra gente en un medio netamente rural como el nuestro, preservar nuestras raíces y nuestro patrimonio cultural.

Canarias necesita a sus agricultores, pero nuestros agricultores necesitan el apoyo de Canarias. Para ello, son necesarias unas ayudas a la renta más focalizadas, orientadas a los agricultores activos y moduladas de forma objetiva en función de las necesidades de cada tipo de agricultura, prevaleciendo la ayuda a las más frágiles.

Son necesarios unos instrumentos al servicio de la competitividad económica y ecológica del sector agrícola. Necesitamos sistemas de incentivos para ayudar a los agricultores a adoptar unas prácticas agrícolas sostenibles. También necesitamos auténticas redes de seguridad, modernas, eficaces y con capacidad de reacción para superar las crisis cada vez más violentas y frecuentes.

Es necesaria, por último, una voluntad de renovar la vida rural de Canarias, incrementando los medios destinados a ayudar a los jóvenes a instalarse, disponiendo medios adicionales para la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos, e invirtiendo en las infraestructuras privadas y públicas.

Los próximos años serán cruciales para sentar las bases de una agricultura fuerte en Canarias, capaz de afrontar los cambios y la cada vez más feroz competencia, al mismo tiempo que responda a las expectativas y deseos de todos los que vivimos en esta tierra.

La política agrícola es nuestra alimentación, pero por encima de todo es el futuro de más de la mitad de nuestro territorio.