La Comisión Europea (CE) ha propuesto 30 millones de euros adicionales para cofinanciar programas de promoción de productos agroalimentarios, con el fin de ayudar a los operadores afectados por el veto ruso, aunque España defenderá que se amplíen estos apoyos a nuevos sectores hortofrutícolas.
La nueva cifra, anunciada por el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, se sumaría a los 60 millones previstos anualmente en el presupuesto de la PAC para medidas de promoción.
Ciolos explicó que, como los programas de promoción están cofinanciados entre la UE y las organizaciones de productores, se espera que en la práctica el aumento de los fondos propuesto por Bruselas se plasme en unos 60 millones adicionales.
“A partir de 2015 podrían ponerse en marcha programas por valor de al menos 120 millones de euros. Animo a las organizaciones de productores a aprovechar al máximo esta oportunidad y presentar esquemas de promoción ambiciosos en las próximas semanas”, indicó.
Las medidas anunciadas hoy se suman a las que la CE acordó en agosto para los melocotones y las nectarinas, por valor de 32,7 millones de euros y para las frutas y hortalizas, por 125 millones, si bien esta semana se han activado también ayudas al almacenamiento privado de la mantequilla y la leche desnatada en polvo.
En este contexto, el viernes se celebra en Bruselas un consejo extraordinario de Agricultura para debatir el impacto del veto.
El Gobierno español pedirá en esta cita que la CE amplíe a cítricos, caqui y granada las medidas de apoyo y, además, que incorpore a otros cultivos en caso necesario, como el melón, la sandía, las lechuga o las berenjenas, y que abra nuevos mercados.
Así lo avanzó la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien presidió ayer en Madrid el Consejo Consultivo extraordinario preparatorio del Consejo de la UE.
España instará el viernes a la CE a realizar una “vigilancia individualizada” de cada sector, a actuar “con urgencia” y a destinar “el presupuesto que haga falta” para los damnificados.
La ministra ha trasladado a los representantes autonómicos en este Consultivo que las iniciativas negociadas hasta ahora no están “cerradas” sino abiertas a constante revisión y ampliación.
Desde las comunidades, coinciden en exigir agilidad de respuesta.