El Gobierno rechaza la presión de la CE y mantiene su modelo de aplicación.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que a partir de 20015 se acabará “el agricultor de sofá”, para dar a entender que las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) del periodo 2014-2020 estarán vinculadas a una actividad económica y no al mantenimiento de los terrenos, tal y como ha incidido desde la Comisión Europea en las modificaciones enviadas al Gobierno para la aplicación de la reforma agraria.
De hecho, la ministra ha querido dejar claro que ésta es la decisión “del Gobierno”, ratificando que será una postura adoptada a nivel nacional, al margen de las consideraciones de Bruselas. Isabel García Tejerina ha hecho esta afirmación en el transcurso de su intervención en el Foro de Agricultura.
García Tejerina ha explicado que las ayudas de la PAC en España serán solo para aquellos agricultores y ganaderos que desarrollen una actividad económica vinculada al territorio en el que se encuentran asentados y será así, a partir de 2015, por decisión del Gobierno de España.
Agricultura ya manifestó en junio del año pasado su interés de retirar estas ayudas a los terratenientes en favor de los profesionales del campo, máxime después de que se conociera que la mujer del ex de Agricultura y actual comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, recibió 150.000 euros procedentes de fondos europeos cuando su marido era ministro.
Asimismo, la ministra ha asegurado que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ha sido capaz de negociar para los agricultores y ganaderos españoles, algo que, a su juicio, no se vislumbraba en el comienzo de la negociación, cuando el Gobierno español estaba dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero.
Con esta postura, el Magrama respalda la postura de todas las organizaciones agrarias, que veían con malos ojos que se modificara el proyecto de agricultor activo en beneficio de los que, teniendo tierras, no tenían la obligación de cultivarlas, sino sólo de ‘mantenerlas’, tal y como señalaba la propia CE en su alegaciones al modelo español de aplicación de la PAC.