Ni una sola palabra.

Javier Guzmán, Director de VSF Justicia Alimentaria Global.

Estos días acabamos de asistir al debate de la estado de la nación y una vez más los grandes partidos políticos nos hablan de aquellos temas que en principio son los que más nos deberían interesar como ciudadanos.

Pues bien, en estos dos días de debate no ha habido ni siquiera un solo minuto, ni una sola palabra, dedicada al sistema alimentario actual ni a la situación del mundo rural, y ya saben aquello de que de lo que no se habla no existe.

Sin embargo, la alimentación y el mundo rural existen, a pesar de la demostrada dejadez de las últimas décadas por parte de los poderes públicos y las de políticas neoliberales que han puesto nuestro sistema alimentario y rural en una crisis sin precedentes.

Se olvidan nuestros representantes de la importancia que la alimentación tiene como motor y dinamizador de la economía y de su enorme potencial como de generadora de empleo, siendo en países como Estados Unidos un objetivo estratégico para su futuro cercano y que ocupa un papel clave y recurrente en los propios discursos de Obama.

Se olvidan su señorías que durante los últimos seis años se ha producido en España una caída de casi el 40% en el número de explotaciones agrícolas, según los datos recogidos en la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), provocando además una déficit insostenible en tasas de relevo generacional en el sector primario. Sólo un 10 % de los agricultores tiene menos de 40 años.

Se olvidan de la relación directa de la alimentación con nuestra salud pública, no teniendo en cuenta que la mala alimentación es el primer problema de salud en nuestro país. Margaret Chan, la directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), decía el pasado noviembre: “El sistema alimentario no funciona mejor por la dependencia que existe de la producción industrial, que es cada vez menos cara y peor para la salud”. Deberían tomarse en serio que España es el primer país europeo y segundo del mundo en tasas de obesidad infantil.

Se olvidan del papel de la alimentación y agricultura en la sostenibilidad de nuestro medio ambiente y de la relación directa con el cambio climático. Habrá que recordarles que según el panel internacional sobre cambio climático IPCC, el 40 % por ciento de las emisiones de gas invernadero son consecuencia directa de nuestro actual sistema alimentario.

También se olvidan de que aún existen pueblos, y por supuesto ciudadanos, que viven de ellos y que no pueden ser tratados una vez más como de segunda clase. Una población que representa el 20 % del total, pero en un continuo proceso de descenso y envejecimiento. Población que además de sufrir el derioro paulatino de las economías familiares ve cada vez más reducido su acceso a servicios públicos de calidad.

Frente a ello, es urgente la activación de nuevas políticas públicas que aborden la transformación del actual sistema alimentario. Políticas que tengan como objetivo la apuesta decidida por un modelo que priorice la agricultura y ganadería familiar y los sistemas de canales cortos de comercialización, que sin duda revitalizarán el tejido social y productivo del entorno rural. Políticas desde lo local que pongan el valor el poder catalizador y dinamizador de la administración pública, por ejemplo a través de desarrollo de programas de compra pública para escuelas de base local.

Unas nuevas políticas que aborden el actual problema de la mala alimentación, y por tanto la regulación y control de las grandes multinacionales, su publicidad, etiquetado, y con una fiscalidad que asegure a la población el acceso a alimentación saludable y fresca.

Pero nada de esto se podrá dar si no existen cambios profundos en los aspectos de gobernanza, la inclusión en las agendas políticas de la alimentación y la participación de sus actores principales, entre ellos fundamentalmente el campesinado.

Sabemos que cada vez somos más personas a las que nos interesa nuestra alimentación y nuestro entorno rural y que somos conscientes de su capacidad de transformación social y económica. Ahora, se trata de hacer saber a los candidatos y candidatas que tendremos esto en cuenta a la hora de votar.