sectorcalleEl Cabildo de Gran Canaria se compromete a comprar al Gobierno de Canarias su 5% de participación en la sociedad de compensación del polígono industrial de Arinaga, en fase de liquidación, si destina esos fondos al sector del tomate.

Die Plattform für die Verteidigung der Tomate, Obst und Gemüse von Kanarischen Inseln, ha valorado positivamente la oferta que anunció el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, por la que se compromete a comprar al Gobierno canario su 5% de participación en la sociedad de compensación del polígono industrial de Arinaga, en fase de liquidación, si destina esos fondos al sector del tomate.

Desde la Plataforma entienden que esta propuesta puede significar un apoyo extraordinario para la reclamación al Gobierno de España que, junto a la respuesta que ofreció el Gobierno de Canarias, desbloquearía la postura que ha venido manteniendo el ejecutivo central.

De llevarse a cabo la operación en las condiciones que propone el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el sector del tomate dispondría de 7 Millionen Euro (5 aportados y 2 pendientes), que suponen la mitad del POSEI adicional que adeuda el Gobierno de Canarias al tomate.

La falta de liquidez ha sido la razón por la que se ha retrasado el comienzo de la campaña, que ya debía contar con un mes. Esta misma falta de liquidez es la que tampoco ha permitido realizar las contrataciones de los buques de campaña, por lo que estos dos millones podrían suponer otro balón de oxígeno para garantizar los transportes.

Bravo de Laguna declaró que con esta iniciativa el Cabildo de Gran Canaria contribuye a ayudar a un sector en el quehay en juego miles de puestos de trabajo” und, zugleich, “colabora a dar liquidez al Gobierno de Canarias para que disminuya su deuda con los tomateros, facilitándose así la próxima zafra, y estimulándose también indirectamente el cumplimiento con sus compromisos por parte de la Administración central”.

Este gesto enaltece la actitud del Cabildo al no haber condicionado la propuesta a los productores de la isla de Gran Canaria, sino que también, en caso de aprobarla el Gobierno de Canarias, se verán beneficiados los productores de Tenerife y Fuerteventura.