ASÍ LO DENUNCIÓ COAG EN LA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN DEL ÍNDICE DE PRECIOS ORIGEN-DESTINO 2010.

Järjestöjen viljelijöiden ja karjankasvattajiemme koordinaattori (Coag-Canarias) expuso en la presentación de los datos referentes al IPOD del año 2010 “que se volvió a poner de manifiesto que los agricultores y ganaderos continúan siendo los grandes perjudicados de la falta de equilibrio en el reparto de los ingresos por la venta de alimentos en Canarias”.

“Los resultados que presenta el resumen para 2010 del Índice de Precios Origen-Destino (IPOD) que elabora mensualmente COAG-Canarias, señalan que, de media para el año que acaba de finalizar, los productores recibieron únicamente una tercera parte del precio que paga el consumidor de las Islas por sus productos, los cuales, en la mayor parte de los casos, son comercializados tal como fueron entregados a los intermediarios o a los centros de distribución por los propios productores.

Según COAG, los mayores diferenciales entre lo recibido por el productor y lo pagado por el consumidor se han dado además en primavera y verano, periodos con un gran volumen de producción en las Islas, y en los que el productor se ve perjudicado por la mayor oferta y la vida más corta de los productos debido a los calores.

Lisäksi, y tal como señala Miguel López, miembro de la ejecutiva regional de COAG Canarias “la situación para 2011 se presenta para los productores aún más complicada que el año pasado”. “El incremento brutal que están sufriendo los precios de las materias prima, caso del cereal, va a repercutir en los costes de producción de sectores como el ganadero, a los que se les va a encarecer el precio de los piensos de forma alarmante. Lisäksi, somos conscientes de que, en la actual situación, los aumentos en los precios al consumidor que ya se están produciendo van a reducir el consumo, y los más afectados seremos nuevamente los más débiles de la cadena: los agricultores y ganaderos”, Lisää.

Tästä syystä, el dirigente agrario señala que, “ahora más que nunca, es necesario una mayor transparencia en el mercado, una apuesta decidida por los sistemas de venta directa por parte de las administraciones y la imposición de sanciones ejemplares a todas aquellas entidades que, contraviniendo las leyes, abusen de los agricultores