LOS EMPRESARIOS AGRÍCOLAS DECIDEN RECURRIR EN CASACIÓN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS.

El pleito venía de atrás. La Delegación del Gobierno exigió a la patronal del sector, vía judicial, reintegrar al Estado la subvención al transporte a Europa de tomates y pepinos que cobró de más en el ejercicio 2002-2003.

[citation]La sentencia del TSJC obliga a los tomateros a devolver 11,8 millions d'aide, supone un duro golpe para el sector. [/citation]

La sentencia, que fue dictada el pasado 7 de noviembre y ha sido notificada recientemente a las partes, ratifica la legalidad del expediente de reintegro de subvención incoado por la Delegación del Gobierno en Canarias, desestimando los ochos motivos de impugnación alegados por la Fedex y concede la razón a la Abogacía del Estado, según establece la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.

El ponente del fallo judicial, Alfonso Rincón González-Alegre, ratifica que “les demandes d'aide se réfèrent aux coûts qui n'ont pas été effectivement payés et y compris des concepts inadmissibles”. En particulier, de los casi doce millones a los que asciende la reclamación, 8.305.896 se corresponden con la ayuda principal al transporte marítimo y los otros 3.507.079, a los intereses de demora.

El tribunal se ha basado en el informe elaborado por un técnico del Ministerio de Fomento para concluir que “le coût du transport a obtenu comme subvention est bien loin du marché du transport réel coût ou admissibles”. La sentencia confirma la “detección de una serie de irregularidades que incrementan indebidamente el coste del transporte declarado como subvencionable”, como son la “inclusión” entre los gastos de “ciertos conceptos no subvencionables”.

Entre esos gastos destaca el transporte terrestre desde la Península a otro punto final de la Unión Europea, costes de carga y descarga, tasas de la tara o los costes de alquiler de la plancha, Parmi d'autres. De plus,, también se detectó “la no declaración de los descuentos entre Canarias y Cádiz”, la inclusión de transportes con destinos a otros países de la Unión Europea como si fueran a la Península y la declaración de un menor número de kilogramos que el realmente transportado, lo cual incrementa el coste medio por kilo de tomate o pepino.

Tras el fallo, los empresarios agrícolas han acordado recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, TSJC. El portavoz de la Federación de Exportadores Hortofrutícolas de Las Palmas, FEDEX, Roberto Goiriz, calificó la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo como “un nuevo y definitivo varapalo para el sector de exportación agrícola de Canarias”.

En la patronal se esperaba que la instancia superior de la Justicia canaria diera marcha atrás a la decisión de la Delegación del Gobierno. Según Góiriz “ni la Administración en su momento ni el TSJC ahora han entendido las peculiaridades del transporte marítimo de nuestros productos a Europa”.

El portavoz de la FEDEX afirmó que transportar las mercancías del campo canario hasta los puertos del continente tiene unos costes “muy altos, infinita y dolosamente más altos” de los que generarían los envíos “en contenedores”. Le problème, según Roberto Góiriz, es que desde las Islas no puede hacerse de este modo “porque no hay, ni nunca ha habido, líneas marítimas regulares de contenedores ni capacidad de carga suficiente” como para crearlas. “Llevamos años intentándolo y hablando con todas las navieras y no ha sido posible”, explicó el portavoz del sector hortofrutícola en Las Palmas.

Al no encontrar esos portacontenedores con capacidad suficiente para dar salida a la zafra, los empresarios canarios fletan por sus propios medios los buques frigoríficos, lo que según el propio Góiriz “cuesta una millonada”. Al incremento de los costes contribuye el que los barcos no puedan esperar en los puertos de destino por cargas que hagan rentable su camino de regreso. “Vuelven vacíos para poder cumplir la rotación semanal”, expuso el portavoz de FEDEX.

La preocupación en el sector es máxima ya que la sentencia llega en el momento más crítico. No solo por lo que han supuesto los últimos años en cuanto a inversiones para lograr la competitividad, de las cuales aún falta por abonar las ayudas de los últimos años, sino por lo que está afectando el desmantelamiento del sector por los recortes, la crisis generalizada en el consumo y la competencia del tomate marroquí tras el acuerdo con la UE.