AgroaldeaLA APROBACIÓN DE LAS ELECCIONES AGRARIAS CREA CONFUSIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer, la Ley que regula el procedimiento para determinar la representatividad del sector agrario y crea el Consejo Asesor Agrario, presentada por el Gobierno a instancias del Ministerio de Agricultura, Food and environment.
El objeto de esta norma es regular el procedimiento de consulta para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general en el ámbito estatal. Mediante la misma se crea elConsejo Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio y el Consejo Agroalimentario del Estado.
La consulta se verificará mediante voto personal, directo y secreto de los agricultores, ya sean personas físicas o jurídicas, de forma presencial en las mesas habilitadas al efecto o mediante voto por correo ordinario. Se instalará una Mesa de consulta en cada capital de provincia, y tantas Mesas comarcales como sean necesarias, en función del censo de la demarcación provincial. Las Mesas incluyen un máximo de quinientos electores.
Los inscritos en el censo podrán participar en la consulta que se realizará en todo el territorio nacional, de forma simultánea, para determinar las organizaciones profesionales agrarias más representativas. Esta participación podrán ejercerla los electores bien por correo o de modo presencial en la Mesa correspondiente a su demarcación territorial, que se constituirá en cada Subdelegación del Gobierno, o Delegación del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales y en las Ciudades Autónomas.
Esta Ley deroga la de 2009 sobre los órganos consultivos en el ámbito agroalimentario, sustituye el procedimiento de medición de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias actual, basado en las elecciones a Cámaras Agrarias, por una consulta de ámbito estatal y simultáneo e, igualmente, cambia el órgano consultivo existente, el Comité Asesor Agrario, por otro en el que la representación sea proporcional a los resultados obtenidos en la consulta.
Serán organizaciones profesionales agrarias más representativas las que obtengan, at least, un quince por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, In addition, en seis Comunidades Autónomas, al menos un cinco por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en cada una de ellas.La distribución de los representantes en el órgano consultivo será proporcional a los votos obtenidos.
La consulta se celebrará cada cinco años y servirá para determinar la composición del Consejo Agrario, órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Food and environment, cuya finalidad es asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural. In addition, crea el Consejo Agroalimentario del Estado, cuyo funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.
However, la sorpresa ha surgido por la reacción de las propias organizaciones agrarias, que llevaban anunciado desde su anuncio en la etapa de Arias Cañete su oposición a la misma pero que, de repente, parecen haber cambiado de opinión, hasta el punto de pasar de anunciar impugnaciones (que mantiene aún UPA) a reclamar un adelanto de estos comicios, como ha hecho COAG, que hasta ahora era la primera en oponerse a su celebración.
En medio, la Unión mantiene su posición de apoyo y ASAJA, que no se oponía aunque pedía cambios, guarda silencio. Desde el Magrama, on the other hand, se habla de un plazo de 18 meses para convocarlas, lo que podría permitir dejarlas para la próxima legislatura.
In fact, toda la oposición ha votado en contra por petición de la mayoría de las propias organizaciones agrarias, como han reflejado en sus intervenciones, aunque en el caso de los nacionalistas ha sido por pensar que afectaba a sus competencias autonómicas, mientras que desde el PP se defiende que se crea el Consejo Agrario y se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias destacando que la norma implanta “la democracia en el campo”.
Incluso distintas fuentes han estado coincidiendo en los últimos meses que esos comicios no se iban a celebrar, al representar “abrir un melón que nadie quiere catar” por las consecuencias que podía crear, en especial porque se incluye la posibilidad de que las empresas que generen un negocio de 10.000 euros al año por su actividad agraria también podrían participar en las elecciones.
La mayor sorpesa ha venido desde COAG. Su secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha explicado que tienen “grandes posibilidades” de convertirse en la organización más representativa del país, aunque pide que la consulta que se haga en el campo cuente con todas las garantías democráticas.
Así ha reclamado que “se convoquen esas elecciones al Consejo Agrario a nivel del Estado” cuanto antes, pero pide antes que el Reglamento que desarrolle la ley corrija “las lagunas” actuales.
And is that, según ha criticado, la ley tiene “enormes carencias democráticas” y el proceso electoral que prevé no contaría con las suficientes garantías, something that “hemos venido diciendo e insistiendo durante el trámite parlamentario”.
Entre los temas que, his trial, debe corregir el futuro reglamento que desarrolle la ley, Blanco pide un número de mesas electorales suficientes -una por municipio- para favorecer la participación y que exista control de los gastos electorales y auditorías de los mismos para garantizar la transparencia durante el proceso.
Equally, exige que se asegure que votan los auténticos profesionales del campo, que en su opinión deben ser los cotizantes a la Seguridad Social.
On the other hand, la organización agraria UPA, que podría ir en coalicion con COAG en algunas CCAA, estudiará la posibilidad de impugnar la ley de representatividad agraria aprobada por “falta de garantías democráticas”, ya que la norma plantea realizar una “consulta” que no se regirá por las garantía de la ley electoral.
“Vamos a valorar las posibilidades (jurídicas), sin descartar recurrir ante el Supremo, Constitucional o Tribunales europeos”, ha adelantado a Efeagro el secretario de Organización de UPA, Marcos Alarcón, por lo que estudiarán las fórmulas más adecuadas.
Alarcón ha denunciado que, At last, el Gobierno y el PP “han optado por sustituir una ley con amplio consenso en lo político y social” -que contaba con el respaldo de PP, PSOE, otros grupos y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA-, por otra nueva, la aprobada hoy, “que goza del rechazo social” So what “no ha sido negociada” con el sector.
In your opinion, tampoco ha obtenido el respaldo parlamentario, Since “ha sido rechazada por todos los grupos políticos”, excepto el PP. In his view, la ley sigue adoleciendo de los mismos defectos que se incluían en los primeros borradores del Ministerio. “Se ha buscado un procedimiento absolutamente extraño, y para nosotros no es válido ni homologable para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias”, ha insistido.
La Unión pide que se aceleren cuanto antes
El coordinador estatal de La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (La Unión de Uniones), José Manuel de las Heras, ha expresado su “satisfacción” por la aprobación de la Ley de representatividad agraria y ha pedido que la consulta electoral se celebre cuanto antes, ya que podría entrar con cierto peso en el reparto de los fondos (de los que ahora está fuera) y su presencia en el Consejo Agrario.
Según ha explicado De las Heras, “a diferencia de todo el mundo” en el sector agrario “nosotros estamos satisfechos” de que la ley “esté finalmente encima de la mesa” y aprobada en las Cortes.
Ha apuntado que otras organizaciones agrarias sostienen que se trata de “un fraude de ley porque el Ministerio no tiene intención de convocar elecciones” en el campo, but “si el Magrama no convoca elecciones, nosotros también diríamos lo mismo”. Creemos que el Ministerio debería hacer rápidamente el reglamento que desarrolle la ley, ha subrayado.
Por último indicó que si el plazo que estipula la norma para celebrar la consulta es “de hasta los 18 months”, la Unión de Uniones urgirá que la hagan cuanto antes e incluso durante esta misma legislatura. Pero ha advertido de que si el texto es más ambiguo y no fija un calendario en el corto plazo para hacer esa consulta, “seríamos los primeros en denunciar” and “tratar de hacer las acciones legales que podamos para denunciar el estado de indefensión en el que nos encontramos”, puesto que ahora La Unión de Uniones no tiene reconocida la representatividad a nivel estatal.